Morelia, Michoacán, 30 de abril de 2026. En un juicio familiar sobre la fijación y pago de pensión alimenticia a favor de una persona menor de edad, una jueza de primera instancia determinó el monto que debía pagar la persona obligada, con base en el principio de proporcionalidad.
En esa resolución, se desestimó el argumento de la parte demandada, quien señaló que también tiene otra hija o hijo menor de edad, con una condición de salud que requiere atención médica constante, lo que impacta en su capacidad económica.
La autoridad consideró que esta situación personal no debía influir en la obligación de otorgar alimentos al menor involucrado en el juicio, ya que se trataba de una decisión propia haber formado una nueva familia, con pleno conocimiento de sus responsabilidades previas.
Sin embargo, al revisar el caso en apelación, la Primera Magistratura de la Primera Sala Colegiada Civil Región Morelia determinó que era necesario reponer el procedimiento, al advertir que no se valoró adecuadamente la existencia de otra persona menor de edad que también depende económicamente del mismo obligado, especialmente por su condición de salud.
La magistrada señaló que, conforme al principio del interés superior de la niñez, las autoridades deben considerar todas las circunstancias que puedan afectar directa o indirectamente a niñas, niños y adolescentes, incluso aquellas que no hayan sido planteadas de manera expresa por las partes.
Esto significa que las y los juzgadores pueden analizar más allá de lo solicitado en el juicio, cuando esté en juego la protección de los derechos de menores de edad.
Por ello, se ordenó recabar nuevas pruebas para contar con mayores elementos antes de emitir una nueva resolución, asegurando así una decisión que proteja de manera integral los derechos de todas las personas menores involucradas.
Con este tipo de resoluciones, el Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso con la protección del interés superior de la niñez y la impartición de justicia con enfoque en derechos humanos.
