Morelia, Mich., a 28 de abril de 2026.— Los nombres de Gladyz Butanda Macías y Raúl Zepeda Villaseñor han quedado colocados en el centro de una nueva controversia política, luego de que material propagandístico vinculado a sus perfiles fuera ingresado a instalaciones oficiales del Gobierno de Michoacán.

De acuerdo con información obtenida en el entorno gubernamental, un cargamento de banderines con la imagen y tipografía asociadas a Morena fue recibido en la Coordinación General de Comunicación Social. El material tendría como propósito posicionar a ambos funcionarios, quienes forman parte del círculo cercano del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y son considerados entre los perfiles con mayores posibilidades dentro del proceso interno del partido.

El hecho no es menor. La presencia de propaganda ligada directamente a Butanda y Villaseñor dentro de oficinas públicas no solo los coloca bajo escrutinio, sino que los proyecta como beneficiarios directos de una posible utilización de recursos e infraestructura gubernamental para fines políticos.

En el caso de Gladyz Butanda, actual titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, su nombre ha ganado visibilidad en meses recientes como una de las cartas fuertes del oficialismo estatal, en una dependencia que dispone de miles de millones de pesos. Por su parte, Raúl Zepeda Villaseñor, desde la Secretaría de Gobierno, mantiene una posición estratégica dentro de la administración, lo que le otorga capacidad de operación política y cercanía con la toma de decisiones.

La coincidencia entre sus aspiraciones y la aparición de este material en dependencias oficiales abre cuestionamientos inevitables: ¿quién autorizó el ingreso de la propaganda?, ¿con qué recursos fue producida?, y, sobre todo, ¿quién se beneficia políticamente de su distribución?

Los lineamientos internos de Morena son claros al prohibir el uso de recursos públicos para promover aspirantes, así como al exigir neutralidad de los gobiernos emanados del partido. Bajo ese marco, cualquier vínculo entre oficinas estatales y material proselitista coloca a los involucrados en una zona de alto riesgo político.

Hasta ahora, ni Butanda ni Villaseñor han fijado una postura pública sobre el tema. Su silencio ocurre en paralelo a una creciente percepción de que ambos perfiles no solo participan en la contienda interna, sino que podrían estar contando con ventajas derivadas de su posición dentro del aparato estatal.

Más allá de las explicaciones que puedan surgir, el episodio deja una imagen difícil de ignorar: dos de los principales aspirantes del oficialismo apareciendo, de facto, promocionados desde el corazón mismo del gobierno. En un proceso que exige equidad, la línea entre función pública y promoción política parece, una vez más, desdibujarse.